Los jóvenes investigadores en este país tenemos muchos problemas para desarrollar una carrera investigadora. A los recortes en materia de I+D, las mínimas tasas de reposición de investigadores durante la última legislatura, la desaparición de convocatorias de recursos humanos nacionales y autonómicas, y la reducción de plazas en los poquísimos programas nacionales que se han mantenido hay que sumar una nueva zancadilla: la paralización y el retraso de las acreditaciones de profesorado universitario.

Los investigadores que desarrollan su labor en universidades públicas españolas y que son parte del profesorado universitario están obligados a acreditarse como profesionales a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El actual gobierno en funciones aprobó el cambio de estatuto de la ANECA para convertirlo en un organismo autónomo días antes de las elecciones de diciembre de 2015; sin embargo, los jóvenes investigadores, que dependen de la ANECA para desarrollar su trabajo, reclaman que este cambio ha sido, en el mejor de los casos, inútil. La pretendida autonomía de la ANECA con respecto a los ciclos políticos, al igual que otras agencias que se relacionan con la investigación en nuestro país, no se puede conseguir sin un mínimo de recursos e independencia de la situación política. Desde la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) hemos valorado positivamente las acciones destinadas a aumentar la autonomía de la investigación para que no dependa de ciclos políticos y se convierta en una cuestión de estado, pero de nada sirven los cambios en la regulación de los organismos si no tienen un reflejo en la forma de funcionamiento.

Estos seis meses de gobierno en funciones han evidenciado una falta de compromiso con la independencia de las agencias de evaluación que retienen los expedientes de los jóvenes investigadores. Los jóvenes investigadores no podemos ni siquiera solicitar una plaza sin esa acreditación, por lo que los retrasos y los parones de la ANECA minan la confianza de los jóvenes investigadores que se ven obligados a esperar a que se resuelva su expediente hasta medio año. ¿Qué vamos a esperar los jóvenes investigadores que en esa situación ni siquiera podemos solicitar un puesto de trabajo? ¿Resulta razonable que haya trabajadores que no pueden ni pedir un empleo? Y eso es sólo el primer paso, con la acreditación aprobada lo único que se consigue es la posibilidad de participar en un concurso por un puesto de trabajo. Ante la escasez de plazas y los numerosos recortes que afectan a la investigación, el número de solicitantes que se presenta para cada plaza resulta abrumador. La llamada fuga de cerebros es una expulsión lenta y dolorosa de muchos investigadores formados en nuestro país a quienes las trabas y zancadillas les han convencido de que irse es la mejor opción.